La legislación ambiental en El Salvador

La legislación ambiental en El Salvador: Ley de medio ambiente, sus reglamentos y acuerdos internacionales

La temática ambiental debe abordarse sobre la base de conocimientos, instrumentos y medios relacionados con los aspectos legales. Todo ello debe analizarse para tomar decisiones adecuadas. En muchos países se omiten las leyes, normas y reglamentos, principalmente por la falta de instituciones íntegras y medios para hacerlas cumplir.

Es primordial la modernización de las leyes ambientales y sus interacciones, ante los grandes procesos ecológicos y los graves conflictos sociales generados por la desarticulación entre el medio ambiente, la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

En El Salvador, existe una diversidad de leyes, acuerdos ejecutivos, convenios y tratados internacionales sobre medio ambiente que conforman parte de su marco jurídico.

La Asamblea Legislativa, en 1998, promulgó la Ley del medio ambiente, según el Decreto Legislativo número 233. La intención es detener el acelerado deterioro ambiental y resolver los múltiples problemas de esta naturaleza.

A pesar de la legislación existente, debe tomarse en cuenta los aspectos culturales de la contaminación y la destrucción del medio ambiente; los cuales solamente podrán ser disminuidos por medio de acciones educacionales dirigidas a las nuevas generaciones.

Ley medioambiental nacional, retos y posibilidades

El Artículo 4 de la Ley de Medio Ambiente declara de interés social la protección y mejoramiento del medio ambiente. Las instituciones estatales  o municipales deben dar prioridad a la inclusión del componente ambiental en todas sus acciones, planes y programas. El gobierno es responsable de introducir medidas para adjudicar el valor económico adecuado al medio ambiente, acorde con el valor real de los recursos naturales. Debe asignar los derechos de explotación procurando que, quien los adquiera, les dé un uso responsable y sostenible.

Entre los temas abordados destacan: la preservación del medio ambiente  por medio de políticas, leyes y acciones; conservación de los recursos naturales; compromiso de la ciudadanía con el medio ambiente; recuperación del ambiente urbano y fomento a las actividades económicas sostenibles.

Uno de los desafíos inmediatos es la degradación ambiental de las grandes ciudades latinoamericanas. La humanidad debe resolver este problema del medio ambiente mediante acciones como la descentralización  intergubernamental, la participación comunitaria y la educación para la ciudadanía y el fomento de la conciencia ecológica. Todas ellas fueron consideradas básicas para la superación de los problemas urbano-ambientales de las ciudades.

La situación no solamente afecta a los países subdesarrollados, sino que predice una catástrofe mundial que afectará a todo el orbe por igual; sin distinción de color, raza, sexo, credo o edad.

Estrategias para enfrentar el deterioro ambiental

Las pruebas científicas, en la actualidad, son incuestionables: el cambio o climático es una seria amenaza mundial que exige una respuesta urgente. Si bien es cierto que nadie puede predecir con total certeza las consecuencias del cambio climático, sí contamos con suficientes conocimientos para reconocer los riesgos y enfrentarlos mediante estrategias de mitigación y prevención de riesgos.

La mitigación, entendida como la puesta en práctica de firmes medidas para reducir las consecuencias de los fenómenos naturales, deberá entenderse como una inversión para evitar riesgos en el futuro. Si estas acciones son acertadas, los costos serán razonables y, al mismo tiempo, se abrirá una amplia gama de oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, los sectores más pobres de la población, como los residentes s del área rural y quienes no tienen tierra, deben recibir educación ambiental. Las poblaciones rurales son más vulnerables al cambio climático y carecen de acceso a la tecnología y a la información. Por ello, cuentan con muy pocos conocimientos de estrategias para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Muchas de las zonas más pobres del mundo, dependientes de sistemas agrícolas aislados, están expuestas a mayores riesgos. Por ello, los estados deben capacitar a sus pobladores para identificar y mitigar los riesgos, de tal manera que disminuyan las tragedias manifestadas en pérdida de vidas humanas.

La legislación referida a la gestión de protección de riesgos

Por medio del Decreto Ejecutivo Nº 96 del 14 de septiembre de 2001, se crea el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), una institución pública desconcentrada, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El objetivo principal del SNET es contribuir a la prevención y reducción del riesgo de desastres.

Por esta razón, le compete la investigación y los estudios de los fenómenos, procesos y dinámicas de la Naturaleza, el medio ambiente y la sociedad, relacionados directa o indirectamente con la probabilidad de ocurrencia de desastres y con las pérdidas y daños físicos, económicos, sociales y ambientales.

Está estructurado en cuatro unidades: Geología, Meteorología, Hidrologia y Estudios territoriales para la gestión de riesgo. Se apoyan en la Unidad de Servicios Informáticos y la Unidad Administrativa y de Servicios Generales. El 18 de mayo del año 2007, fue publicado en el diario oficial el Decreto ejecutivo No. 42, donde se indica que el Servicio Nacional de Estudios Territoriales pasa a formar parte de el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en calidad de dirección.

En El Salvador, el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres atiende las emergencias. Tiene la responsabilidad de formular y ejecutar los planes de trabajo de Protección Civil, planes de trabajo de prevención del manejo del riesgo de desastres y de mitigación de los impactos.

Planes estratégicos de las cumbres de desarrollo sostenible

Las cumbres realizadas desde 1994 han abordado temas de desarrollo, medio ambiente, educación, pobreza, empleo y gobernabilidad, para coordinar políticas, crear redes de cooperación horizontal y mejores estrategias de desarrollo. De esta manera, el desarrollo sostenible se comprende como desarrollo social, económico y ecológico capaz de poner en práctica las siguientes características: soportable, viable y sustentable.

Ante el objetivo de ir hacia nuevas formas de producir, gobernar, consumir y distribuir, el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONMA), celebrado en noviembre de 2004, en Madrid, propuso un marco institucional para la adopción de nuevas medidas para el desarrollo sostenible  nacional, regional e internacional. En él se abordan los siguientes aspectos:

• Mejorar el papel de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, incluyendo la revisión y el monitoreo del progreso de la implementación de la agenda 21 y fomentando la coherencia de la puesta en práctica de sus iniciativas y demás asociaciones

• Facilitar y promover la integración de las dimensiones ambientales, sociales y económicas del desarrollo sostenible en las comisiones regionales de los programas de trabajo de la ONU

• Establecer un mecanismo efectivo, transparente y regular de coordinación entre las agencias de la ONU dedicadas a los asuntos costeros y oceánicos

• Tomar medidas inmediatas para avanzar en la formulación y elaboración de estrategias nacionales para el desarrollo sostenible y comenzar su implementación antes del 2005

Tratados que involucran a El Salvador

Las 34 naciones que integran la Cumbre de las Américas son las mismas  que conforman la Organización de los Estados Americanos. Los países son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Sus representantes han diseñado estrategias para respetar los derechos humanos de las diferentes generaciones de la población mundial. Además,  asumen la responsabilidad de alertar sobre la problemática que genera su incumplimiento y buscan la asociación conjunta para superarlas mediante el compromiso de sus integrantes en el desarrollo de las convenciones internacionales. Entre ellas se destacan:

• Convenio sobre Diversidad Biológica: los recursos biológicos de la Tierra son fundamentales para el desarrollo económico y social de la humanidad. Como consecuencia, aumenta el reconocimiento de que biodiversidad es un patrimonio mundial de valor inestimable para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras.

• Protocolo de Kioto: este es el acuerdo más importante destinado a luchar contra el cambio climático. Contiene el compromiso asumido por la mayoría de los países industrializados de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento del planeta.

Globalización y medio ambiente

La globalización, como generadora de nuevos mercados, propicia la creación de gran cantidad de nuevos empleos para las generaciones que posean conocimientos de las nuevas tecnologías de mercado. Todas las instituciones de servicio y producción incorporarán estos avances para satisfacer la demanda productiva en las empresas.

Cuando el índice de empresas aumenta, el medio ambiente sufre un impacto directo. El deterioro se produce a medida que las grandes corporaciones buscan la optimización de sus recursos por medio de tecnología más barata y de mayor capacidad productiva, lo que genera los conflictos ambientales urbanos, cuyo origen está en los cambios de usos del suelo. Es fácil descubrir que el crecimiento urbano demanda servicios. Por ello, instala sus cinturones de miseria en zonas de alto riesgo, sin ninguna conciencia ambiental.

Esta situación se justifica calificándola de herencia del periodo de la industrialización. Sin embargo, la inadecuada distribución de los costos y beneficios derivados de esos cambios que se caracterizan por grandes proyectos productivos, de infraestructura e inmobiliarios que demandan la redefinición de la infraestructura de las ciudades para responder a las exigencias de la globalización, no se corresponden con la distribución de los beneficios.